El sindicato mayoritario en el Principado asegura que el modelo «es una indignidad por mantener los privilegios» de los parlamentarios
19.09.2013 | 01:52
Oviedo, Álvaro FAES La reforma del sistema de sueldos de los diputados regionales pone en pie de guerra a los funcionarios del Principado. «Son la vergüenza, en lugar del ejemplo», dicen desde la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), la central mayoritaria entre los funcionarios de la administración regional. Tachan el modelo que se aprobará la semana que viene de «indignidad por mantener los privilegios» y lo hacen con fuertes críticas que vierten a través de un documento que hoy distribuirán entre los empleados públicos regionales y al que ha tenido acceso este periódico. La queja de CSI se suma a la denuncia de otro sindicato de la función pública. USIPA ha llevado a los tribunales el actual sistema de retribuciones y lo hace ante la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, después de no obtener respuesta de la Agencia Tributaria, a la que habían solicitado que investigase los salarios de los diputados.
Desde el Parlamento, la reacción más contundente respecto a la demanda parte del único diputado de UPyD, Ignacio Prendes. Considera que «no hay fundamento ni razón jurídica» para una denuncia «de ese tenor». Admite la discrepancia con el método pero dice no tener dudas «de que era absolutamente legal». El resto de grupos, o no se pronuncia, o prefiere esperar a «conocer los términos» de la denuncia, como apuntó ayer la portavoz del PP, Mercedes Fernández.
Ignacio Prendes habla en pasado del modelo salarial porque está previsto que la semana que viene salga adelante el sistema pactado por él mismo con el PSOE e IU. Será en la próxima reunión de la Mesa de la Cámara, una vez oída la Junta de Portavoces, como exige el reglamento de la Junta.
La principal novedad es que los parlamentarios pasarán a tributar por la totalidad de sus ingresos, algo que no sucedía hasta ahora, cuando quedaban exentas las dietas de kilometraje (0,18 euros por kilómetro desde su domicilio hasta la Junta, que cobraban todos los días del año), además de otra dieta de 933 euros por manutención y estancia.
El sistema pactado por tres de los cinco grupos de la Cámara cambia la manutención por una subida de sueldo, que se equiparan a los de los consejeros y directores generales. Y la otra dieta, la de los kilómetros, por un complemento de movilidad al que tendrán derecho 22 de los 45 diputados, y que va desde los 300 a los 700 euros mensuales, en función de la lejanía de su domicilio respecto a la sede parlamentaria. «Es indigno que haya aprovechado el viaje de su reforma retributiva para elevar sus salarios», dicen en CSI.
Desde dentro de la Junta tratan de atajar las reacciones contrarias que genera la reforma con el argumento de que el parlamento regional será el único de España en el que sus integrantes tributan por todos sus ingresos. «Estaría bueno», claman en el sindicato de funcionarios donde critican que la voluntad de reformar el sistema salarial llegase «solamente cuando pasaron a ser conocidos los detalles y se airearon las vergüenzas». Un método que, dicen, «no solamente camuflaba parte del sueldo no tributando sino que escondía otras perversiones como cobrar dietas y desplazamientos en periodos de vacaciones».
Un dinero por desplazamientos que en PP han dejado de percibir desde el pasado día 6, después de que ayer los servicios jurídicos de la Junta aceptasen la renuncia de sus diez diputados a ingresar este dinero. Sin embargo, su diputado José Agustín Cuervas-Mons, no aclaró ayer después de la reunión de la Mesa cameral si mantendrán la postura cuando, con el nuevo modelo, las dietas por kilometraje pasen a ser un complemento. Pidió «no prejuzgar» si las conclusiones del informe sobre la renuncia de su grupo serían aplicables al próximo modelo retributivo. Sin embargo, fuentes del partido señalaron ayer a este periódico la voluntad de ser «coherentes» con su postura contraria a cobrar por desplazarse.
Fue la conclusión a la que llegó el PP, tras los distintos movimientos que se dieron y que desembocó en el rechazo a cualquier tipo de compensación por kilometraje, de ahí que la propuesta que saldrá adelante la semana próxima no vaya a contar con su voto. Por contra, ofrecieron establecer un abanico salarial en función de la responsabilidad y la actividad parlamentaria de cada diputado.
Oviedo, Álvaro FAES La reforma del sistema de sueldos de los diputados regionales pone en pie de guerra a los funcionarios del Principado. «Son la vergüenza, en lugar del ejemplo», dicen desde la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), la central mayoritaria entre los funcionarios de la administración regional. Tachan el modelo que se aprobará la semana que viene de «indignidad por mantener los privilegios» y lo hacen con fuertes críticas que vierten a través de un documento que hoy distribuirán entre los empleados públicos regionales y al que ha tenido acceso este periódico. La queja de CSI se suma a la denuncia de otro sindicato de la función pública. USIPA ha llevado a los tribunales el actual sistema de retribuciones y lo hace ante la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, después de no obtener respuesta de la Agencia Tributaria, a la que habían solicitado que investigase los salarios de los diputados.
Desde el Parlamento, la reacción más contundente respecto a la demanda parte del único diputado de UPyD, Ignacio Prendes. Considera que «no hay fundamento ni razón jurídica» para una denuncia «de ese tenor». Admite la discrepancia con el método pero dice no tener dudas «de que era absolutamente legal». El resto de grupos, o no se pronuncia, o prefiere esperar a «conocer los términos» de la denuncia, como apuntó ayer la portavoz del PP, Mercedes Fernández.
Ignacio Prendes habla en pasado del modelo salarial porque está previsto que la semana que viene salga adelante el sistema pactado por él mismo con el PSOE e IU. Será en la próxima reunión de la Mesa de la Cámara, una vez oída la Junta de Portavoces, como exige el reglamento de la Junta.
La principal novedad es que los parlamentarios pasarán a tributar por la totalidad de sus ingresos, algo que no sucedía hasta ahora, cuando quedaban exentas las dietas de kilometraje (0,18 euros por kilómetro desde su domicilio hasta la Junta, que cobraban todos los días del año), además de otra dieta de 933 euros por manutención y estancia.
El sistema pactado por tres de los cinco grupos de la Cámara cambia la manutención por una subida de sueldo, que se equiparan a los de los consejeros y directores generales. Y la otra dieta, la de los kilómetros, por un complemento de movilidad al que tendrán derecho 22 de los 45 diputados, y que va desde los 300 a los 700 euros mensuales, en función de la lejanía de su domicilio respecto a la sede parlamentaria. «Es indigno que haya aprovechado el viaje de su reforma retributiva para elevar sus salarios», dicen en CSI.
Desde dentro de la Junta tratan de atajar las reacciones contrarias que genera la reforma con el argumento de que el parlamento regional será el único de España en el que sus integrantes tributan por todos sus ingresos. «Estaría bueno», claman en el sindicato de funcionarios donde critican que la voluntad de reformar el sistema salarial llegase «solamente cuando pasaron a ser conocidos los detalles y se airearon las vergüenzas». Un método que, dicen, «no solamente camuflaba parte del sueldo no tributando sino que escondía otras perversiones como cobrar dietas y desplazamientos en periodos de vacaciones».
Un dinero por desplazamientos que en PP han dejado de percibir desde el pasado día 6, después de que ayer los servicios jurídicos de la Junta aceptasen la renuncia de sus diez diputados a ingresar este dinero. Sin embargo, su diputado José Agustín Cuervas-Mons, no aclaró ayer después de la reunión de la Mesa cameral si mantendrán la postura cuando, con el nuevo modelo, las dietas por kilometraje pasen a ser un complemento. Pidió «no prejuzgar» si las conclusiones del informe sobre la renuncia de su grupo serían aplicables al próximo modelo retributivo. Sin embargo, fuentes del partido señalaron ayer a este periódico la voluntad de ser «coherentes» con su postura contraria a cobrar por desplazarse.
Fue la conclusión a la que llegó el PP, tras los distintos movimientos que se dieron y que desembocó en el rechazo a cualquier tipo de compensación por kilometraje, de ahí que la propuesta que saldrá adelante la semana próxima no vaya a contar con su voto. Por contra, ofrecieron establecer un abanico salarial en función de la responsabilidad y la actividad parlamentaria de cada diputado.
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